Preguntas
Frecuentes

Cada oposición cuenta con sus propias particularidades. Puedes consultarlos en la ficha de cada oposición.

Consulta los requisitos para cada oposición.

Para poder presentarte a una oposición, es imprescindible tener la nacionalidad española.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

• Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
• Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
• Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
• Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
• Grupo E. Certificado de escolaridad.

Entendemos por oposición, oposición libre, es decir, todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades, no hay nada que les de ventaja, ni en experiencia ni en formación.

Mientras que el concurso-oposición, es aquél en el que se bareman diferentes aspectos y se puntúan. Como, por ejemplo, la experiencia en el sector público, más titulación de la requerida para el acceso, certificados en idiomas.

Sí:

1. Funcionario de Carrera

Son trabajadores con una relación estatutaria y permanente con la Administración Pública. El desempeño de servicios y retribución está regulado por el Derecho Administrativo.

Existen tres grupos de funcionarios de carrera según la formación y de la que depende la retribución.

• Grupo A: se exige tener el título de Grado.
• Grupo B: se exige tener el título de Técnico Superior.
• Grupo C: divido en dos. Se exige tener el título de Bachillerato o Técnico. Se exige tener el título de Graduado en ESO.

2. Funcionario interino

Son trabajadores públicos que desempeñan funciones que realizan los funcionarios de carrera en casos de necesidad o urgencia en circunstancias como:

• Plazas vacantes por falta de funcionarios de carrera para cierta función.
• Sustitución transitoria de los titulares.
• Ejecución de programas de carácter temporal.
• Acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses (durante un
• año).
• El vínculo con la Administración es temporal.

3. Personal laboral

Se trata de trabajadores públicos cuya relación con la Administración es mediante un contrato de trabajo formalizado por escrito.

La relación contractual está regulada por el Derecho al trabajo, lo que implica que puedan ser contratados y despedidos.

En función de la duración el trabajo puede ser fijo, indefinido o temporal. Las funciones que desempeñan no pueden invadir las funciones públicas de los funcionarios.

4. Personal Eventual

Son trabajadores públicos que realizan funciones especiales de asesoramiento o de confianza, normalmente a cargos políticos. Su nombramiento es libre y su cese está vinculado al cargo al que presta el servicio.

El vínculo con la Administración es, por tanto, temporal. Su retribución proviene de los créditos presupuestarios destinados y previstos a este fin.

El personal estatutario es un tipo de empleado público que rige su relación contractual con la Administración Pública a través de un estatuto o normativa propia.

Disponer de un marco laboral propio tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, mientras muchos funcionarios cotizan en una mutua privada el personal estatutario lo hace en la Seguridad Social.

El personal estatutario puede ser de dos tipos:

• Personal estatutario fijo. Al igual que los funcionarios, desempeñan su trabajo con carácter permanente tras superar un proceso selectivo y adquirir su plaza bajo nombramiento oficial. El personal laboral, en cambio, accede a su trabajo mediante un contrato laboral.
• Personal estatutario temporal. Su trabajo es coyuntural o extraordinario y depende de la necesidad, la urgencia o el desarrollo de programas de carácter temporal. Vendrían a ser el equivalente de los interinos.

• El acceso de las personas con discapacidad al empleo público al que se refiere la normativa reguladora, se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas.
• A los efectos contemplados en la normativa sobre el empleo público de discapacitados, se entiende por persona con discapacidad la definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, es decir, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
• En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.
• La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente.
  Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en un turno independiente.
• En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas determinará el tipo de convocatoria en cada proceso selectivo.